El caso de las concesiones sin costo, de hecho, existen países que no tienen sino un registro de la banda y un costo simbólico, ¿para qué? para garantizar libre ingreso de empresas y mantener sana competencia, buenos precios y mejores servicios. De hecho, si hablamos de civilización, no es nada civilizado extorsionar a las empresas para obligarles a pagar costos de concesión que luego los asumiremos todos en tarifas caras (unas de las más altas de la región), pocas inversiones y menos posibilidades de empleos en esas empresas.
]]>Será que tiene el efecto dominó, veremos.
]]>Iba a comentar también acerca de las concesiones gratuitas, pero ya lo hizo j_mayor.
]]>Con Correa se botó esa consultoría “al tacho de la basura de la historia” (donde están el TLC y algunos puntos de crecimiento del PIB) y preparó un modelo matemático propio, en el cual el propio Correa metió cuchara. El resultado fue esa cifra de 700 millones como cifra global del negocio móvil de STMC.
Cómo se dividen los 700 entre las 2 operadoras dependió de varios factores: ARPU, AMPU, cobertura y, claro, número de usuarios. Desde hace años se viene cuestionando el número tan excesivo de “usuarios”, pero hasta ahora cada operadora calcula sus usuarios como se le ocurre. Tal vez, como dice Eduardo, el haber sobre-estimado sus números le resultó a Porta como dispararse en el pie.
Finalmente, eso de las concesiones GRATUITAS de uso del espectro radioeléctrico es criterio que no se usa en ningún país civilizado. Chile sí fijó un precio a la renovación de las concesiones, pero indicó que ese precio no se pague al Estado, sino a los usuarios, a través del mecanismo de reservar para el Estado el establecimiento de techos tarifarios.
]]>Lo más apropiado es que las concesiones radioeléctricas no tengan costo y su uso obedezca al principio de apropiación original, que quiere decir que la persona o empresa que primero trabaje el recurso es quien se erige propietario de este, en este caso el recurso es la banda del espectro radioeléctrico.
De esta forma, cualquier empresa puede obtener una banda y operar en el país contribuyendo con impuestos y compitiendo con otras decenas de servicios. El beneficiario de esta sana competencia es el ciudadano, que tendrá libre elección, precios más convenientes y diversidad de nuevos servicios.
Nada de estos se ha pensado desde el gobierno y la burocracia, lugares en donde prima el principio de “sácale plata a este” y se aplica la lógica más absurda y corrupta de sacarle gran tajada a las concesiones para que luego las empresas recuperen esos recursos en tarifas costosas. Otra política absurda es impedir el ingreso de otros operadores, lo que condena a los usuarios a elegir de un duopolio u oligopolio forzado por ley. En fin, el Estado se enriquece a costa de las empresas y de los usuarios, manteniendo un oligopolio con tarifas caras y malos servicios.
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